Soberanía digital

La soberanía digital se refiere a la capacidad de un Estado, una organización o una empresa para tomar las riendas de su destino digital mediante el control de sus datos, sus infraestructuras tecnológicas y sus decisiones estratégicas en materia de tecnologías de la información. Es fundamental porque permite: 

• Garantizar la independencia tecnológica frente a los actores extranjeros 

• Proteger los datos sensibles frente a la extraterritorialidad de las leyes extranjeras 

• Garantizar la continuidad de las operaciones incluso en caso de tensiones geopolíticas 

• Reforzar la resiliencia ante las interrupciones en el suministro o las sanciones internacionales 

• Preservar los intereses económicos y estratégicos nacionales o europeos 

Existen varios marcos normativos que regulan la soberanía digital en Francia y en Europa: 

SecNumCloud: marco normativo de la ANSSI que establece los requisitos de seguridad para los proveedores de servicios en la nube que deseen alojar datos sensibles. 

Ley de Ciberseguridad: normativa europea que refuerza el papel de la ENISA y establece un marco europeo de certificación para los productos y servicios digitales. 

PSEE (Proveedores de Servicios Esenciales para el Estado): marco normativo francés que regula a los proveedores que prestan servicios críticos a las administraciones. 

Cloud de Confiance: iniciativa francesa destinada a certificar las ofertas de servicios en la nube que cumplen estrictos criterios de soberanía y seguridad. 

La soberanía digital y la ciberseguridad son complementarias, pero distintas: 

• La ciberseguridad se centra principalmente en la protección técnica de los sistemas frente a amenazas (actos maliciosos, errores, accidentes). 

• La soberanía digital aborda cuestiones más amplias como:  

• La independencia respecto a los proveedores extranjeros 

• La protección frente a la extraterritorialidad de las leyes 

• El control total de la cadena tecnológica 

• La capacidad de actuar con autonomía en caso de crisis geopolítica 

• La protección de los intereses económicos y estratégicos nacionales 

Un enfoque de soberanía integral incluye necesariamente medidas sólidas de ciberseguridad, pero va más allá al abordar también las dimensiones jurídicas, económicas y geopolíticas. 

La evaluación de su soberanía digital puede realizarse desde varias perspectivas: 

Aspecto técnico: 

• Dependencia de tecnologías extranjeras que no pueden sustituirse 

• Capacidad para mantener y actualizar sus sistemas sin necesidad de ayuda externa 

• Control de los códigos fuente y los datos críticos 

Aspecto jurídico: 

• Exposición a legislaciones extraterritoriales (Cloud Act, FISA, etc.) 

• Ubicación de los datos y los procesos 

• Nacionalidad de los proveedores y subcontratistas 

Dimensión organizativa: 

• Competencias internas en tecnologías soberanas 

• Gobernanza de la soberanía digital 

• Proceso de selección de proveedores 

Dimensión estratégica: 

• Visibilidad de su cadena de suministro tecnológica 

• Planes de continuidad en caso de interrupción del acceso a tecnologías extranjeras 

• Diversificación de proveedores y reducción de las dependencias críticas 

Nuestra metodología de evaluación analiza sistemáticamente estos aspectos para trazar un mapa detallado de su nivel de autonomía e identificar las medidas prioritarias que deben adoptarse.

Una estrategia de soberanía digital aporta numerosos beneficios tangibles: 

Ventajas estratégicas: 

• Mayor autonomía en la toma de decisiones 

• Reducción de los riesgos geopolíticos 

• Preservación de las ventajas competitivas 

• Control total de sus activos intangibles 

Ventajas operativas: 

• Mayor continuidad del negocio 

• Mayor resiliencia ante las crisis 

• Capacidad para operar incluso en caso de sanciones o restricciones 

• Mejor trazabilidad y control de las infraestructuras 

Ventajas normativas: 

• Cumplimiento de los requisitos sectoriales (defensa, sanidad, OIV/OSE) 

• Protección frente a solicitudes de acceso extraterritoriales 

• Alineación con las políticas públicas nacionales y europeas 

• Una posición favorable para los contratos públicos que exigen garantías de soberanía 

Ventajas en términos de imagen: 

• Diferenciación competitiva 

• Mayor confianza por parte de clientes y socios sensibles 

• Valoración del compromiso con la protección de los datos nacionales 

• Atractivo para los talentos sensibles a las cuestiones de soberanía 

Existe la idea preconcebida de que la soberanía implica necesariamente costes adicionales y un rendimiento menor. A continuación explicamos cómo conciliar estos aspectos: 

Enfoque progresivo y específico: 

• Dar prioridad a los sistemas y datos que son realmente críticos para su negocio 

• Adoptar un enfoque diferenciado en función del nivel de sensibilidad 

• Planificar una transición por etapas para distribuir las inversiones 

Colaboración y ecosistemas: 

• Recurrir a nubes soberanas compartidas para reducir los costes 

• Participar en iniciativas sectoriales o nacionales 

• Colaborar con el ecosistema de actores soberanos 

Modelos híbridos: 

• Diseñar arquitecturas híbridas que combinen soluciones soberanas para las funciones críticas y soluciones globales para las funciones menos sensibles 

• Establecer conexiones seguras entre entornos 

• Organizar la gestión de los datos en función de su nivel de confidencialidad 

Valoración de los beneficios indirectos: 

• Reducción de los posibles costes derivados de incidentes de seguridad 

• Reducción de los riesgos jurídicos y normativos 

• Acceso privilegiado a determinados mercados que exigen garantías de soberanía 

• Desarrollo de competencias internas que aportan valor 

Nuestro enfoque tiene como objetivo encontrar el equilibrio adecuado entre soberanía, rendimiento y costes, adaptado a su contexto específico. 

La transición hacia una mayor soberanía digital debe ser metódica: 

Fase de evaluación y estrategia: 

• Identifica tus dependencias tecnológicas actuales 

• Identificar los sistemas y datos críticos que requieren una protección soberana 

• Definir una visión de futuro y una hoja de ruta adaptada a sus necesidades 

Fase de diseño: 

• Seleccione las soluciones independientes que mejor se adapten a sus necesidades 

• Diseñar las arquitecturas de destino 

• Planificar las migraciones en fases sucesivas 

• Preparar a los equipos para el cambio 

Fase de implementación: 

• Implementar infraestructuras soberanas 

• Migrar progresivamente las cargas de trabajo y los datos 

• Establecer los procesos de gobernanza 

• Formar a los equipos en las nuevas tecnologías 

Fase de mejora continua: 

• Evalúa periódicamente tu nivel de soberanía digital 

• Adaptarse a los cambios normativos y tecnológicos 

• Optimizar continuamente su sistema 

• Desarrollar tu autonomía a largo plazo 

Nuestro apoyo abarca todas estas fases, prestando especial atención a la continuidad de sus actividades durante la transición. 

A la hora de poner en práctica una estrategia de soberanía digital, suelen identificarse varios retos: 

Retos tecnológicos: 

• Encontrar alternativas independientes que sean tan eficaces como las soluciones ya consolidadas 

• Garantizar la interoperabilidad con el ecosistema existente 

• Mantener un nivel de innovación similar 

Retos organizativos: 

• Desarrollar las competencias internas en materia de tecnologías soberanas 

• Gestionar la resistencia al cambio 

• Incorporar la dimensión de la soberanía en los procesos de toma de decisiones 

Retos económicos: 

• Justificar las inversiones ante los responsables de la toma de decisiones 

• Mantener la competitividad frente a actores con menos restricciones 

• Equilibrar los costes a corto plazo y los beneficios a largo plazo 

Retos estratégicos: 

• Anticiparse a los cambios geopolíticos y normativos 

• Mantener una vigilancia eficaz sobre las amenazas emergentes 

• Adaptar constantemente el nivel de soberanía al contexto 

Nuestro enfoque de acompañamiento integra metodologías probadas para superar estos retos, teniendo en cuenta su contexto específico y sus limitaciones. 

Las nuevas normativas europeas refuerzan indirectamente los requisitos de soberanía digital: 

NIS2 : 

• Amplía considerablemente el ámbito de las entidades afectadas 

• Establece medidas de gestión de riesgos relacionados con la cadena de suministro 

• Refuerza las obligaciones de control de los proveedores 

• Requiere una gestión de TI sólida que favorezca el control de los sistemas 

DORA (para el sector financiero): 

• Exige una gestión rigurosa de los riesgos relacionados con terceros 

• Refuerza los requisitos de resiliencia operativa 

• Realiza pruebas de intrusión avanzadas que requieren un buen conocimiento de los sistemas 

• Requiere capacidades de respuesta ante incidentes que fomenten la autonomía 

Ley de Ciberseguridad: 

• Establece sistemas de certificación europeos 

• Favorece la aparición de soluciones europeas certificadas 

• Refuerza la confianza en los productos y servicios europeos 

Estas normativas crean un contexto favorable para la soberanía digital al dar prioridad al control de riesgos, la transparencia y la resiliencia, que son aspectos clave de un enfoque soberano. 

La selección de proveedores que cumplan con sus requisitos de soberanía requiere una metodología rigurosa: 

Criterios jurídicos: 

• Ubicación de la sede central y las filiales 

• Legislación aplicable al proveedor 

• Estructura de capital y accionariado 

• Cláusulas contractuales que protegen contra el acceso extraterritorial a los datos 

Criterios técnicos: 

• Ubicación de las infraestructuras técnicas 

• Control de las cadenas de actualización y soporte 

• Transparencia sobre los subcontratistas y su ubicación 

• Funciones de cifrado y gestión de claves 

Criterios organizativos: 

• Nacionalidad de los equipos que tienen acceso a tus datos 

• Procedimientos para la gestión de las solicitudes de acceso de las administraciones públicas 

• Certificación y acreditación (SecNumCloud, ANSSI, etc.) 

• Políticas de transferencia de datos 

Criterios estratégicos: 

• Sostenibilidad e independencia del proveedor 

• Cumplimiento de los requisitos normativos de su sector 

• Capacidad para adaptarse a sus necesidades de soberanía 

• Ecosistema de socios del proveedor 

Nuestra metodología de evaluación de proveedores integra estos criterios en una tabla de análisis ponderada según sus prioridades específicas. 

La certificación de seguridad es un proceso formal mediante el cual una organización certifica que su sistema de información está protegido de manera adecuada frente a los riesgos identificados. Esta certificación, expedida por una autoridad interna (generalmente un directivo), constituye un pilar esencial de la soberanía digital por varias razones: 

Gestión de los riesgos soberanos: La homologación exige un análisis exhaustivo de las amenazas, en particular las relacionadas con actores extranjeros o con la extraterritorialidad de determinadas legislaciones. 

Marco normativo nacional: Obligatorio para los sistemas de información del Estado, las OIV/OSE y determinados sectores regulados, garantiza el cumplimiento de los requisitos franceses definidos por la ANSSI. 

Proceso estructurado en nueve etapas que garantiza un enfoque metódico para la protección de los activos digitales estratégicos. 

Control independiente de las cadenas de suministro: La certificación implica identificar y controlar las dependencias tecnológicas, reforzando así la autonomía de los sistemas críticos. 

Duración limitada (por lo general, tres años), lo que requiere una reevaluación periódica para mantener un nivel de protección adecuado ante la evolución de las amenazas internacionales. 

Diferencia con respecto a la certificación: A diferencia de las certificaciones internacionales estandarizadas, la homologación se adapta al contexto y a las particularidades de cada organización, y tiene un marcado enfoque en el análisis de los riesgos geopolíticos. 

La homologación constituye, por tanto, una herramienta fundamental para establecer y mantener una verdadera soberanía digital, al garantizar que los sistemas de información críticos estén bajo control y que los riesgos relacionados con las dependencias externas se identifiquen y se controlen.